13. El software libre y la evolución hacia la Administración plenamente electrónica

"Nuestras leyes han querido favorecer y promover el uso del software libre."
"Las referencias legales nos deben hacer reflexionar cuál es el software a utilizar: libre o propietario?"

En la evolución hacia la administración electrónica las leyes han querido favorecer y promover el uso del software libre. No han pasado de aquí, porque obligar a utilizarlo sería contrario a la autonomía de los entes públicos en su toma de decisiones internas, perjudicaría injustamente los intereses de empresas de software que ofrecen excelentes productos, productos que ofrecen soluciones que no siempre están disponibles en software no propietario. No obstante, al legislador “le gustaría” que el software libre avanzase por razones muy diversas que se podrían resumir, a riesgo de simplificar demasiado, en la necesidad de:

    • Evitar la fidelización que inevitablemente conlleva el uso de software comercial
    • Favorecer la reutilización de los programas y la interoperabilidad, factores sustanciales de las relaciones interadministrativas en el nuevo contexto de la administración electrónica
    • Garantizar la seguridad al máximo posible y el desarrollo en función de las necesidades de la administración sin supeditación a decisiones privadas

Hacia la consecución de estos objetivos apuntan diferentes normas, por ejemplo, el Texto refundido de la ley de contratos del sector público (Real decreto legislativo 3/2011) en su artículo 301, al determinar que los contratos de servicios de encargo de desarrollo de software o de otros materiales o productos a los cuales se atribuyen derechos de propiedad intelectual, los derechos pasarán a ser de la Administración contratante; se prevé que, incluso en el caso que los documentos contractuales reservaran derechos a favor del contratista, “el órgano de contratación siempre puede autorizar el uso del producto correspondiente a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público (…)”.

El artículo que hemos destacado tiene su complemento en el artículo 45 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que en primer lugar insiste en poner a disposición “de cualquier Administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio” las aplicaciones que haya encargado o desarrollado directamente una administración y, en segundo lugar, propone que estas aplicaciones sean “declaradas de fuentes abiertas, cuando de esto derive una transparencia más grande en el funcionamiento de la Administración pública o se fomente la incorporación de los ciudadanos a la sociedad de la información”.

Estas y otras referencias legales de contenido similar, obligan a reflexionar en el momento de tomar decisiones sobre los recursos a utilizar. ¿Libre o propietario? Se trata de una cuestión que adquiere cada vez más importancia. Inicialmente las herramientas informáticas eran instrumentos al servicio de la práctica administrativa. Pronto solo tendrán validez legal las actuaciones automatizadas y el expediente electrónico. El papel será un soporte de soporte (disculpad el encadenamiento), un recurso auxiliar al servicio del procedimiento electrónico, el único que la ley admitirá como válido.

En este nuevo paradigma pasa a ser muy relevante la capacidad que debe tener cada ente público para poder disponer de los recursos y herramientas informáticas lo más libremente posible, con seguridad y sin fidelización. La información y la documentación administrativa son la base de las actuaciones de los entes públicos, un recurso sustancial que han de poder administrar sin excesivos condicionantes

 

Josep Matas

@JosepMatas es abogado, desde 2003 titular de un despacho (www.legalment.cat) especializado en derecho de la información, administración electrónica, derechos de autor y protección de datos. Es funcionario en excedencia del cuerpo de titulados superiores – archiveros de la Generalitat de Catalunya.